sábado 12 de septiembre de 2009
La batalla por la ley de medios estalló en estos días robando el centro de nuestro escenario político. Con más estruendos y chicanas que reflexiones, el tema se venía calentando con la estatización de las transmisiones de los partidos de fútbol de primera división, y entró al horno con el envío al Congreso del proyecto de dicha ley. Es predecible tal clima de tensión si se tiene en cuenta que entre otros fines, el proyecto amenaza nada menos que los intereses monopólicos del Grupo Clarín.
A ojo de buen cubero ciertas bondades de la ley son indiscutibles, hablan por sí mismas: En pleno siglo XXI tenemos en Argentina una ley que lleva las marcas imborrables del autoritarismo procesista y la desvergüenza privatista del menemismo, que saqueó el patrimonio público. Borrar la firma de Videla, Harguindeguy, Martínez de Hoz y Menem, tiene un valor más que simbólico. Esta anacrónica y rancia ley, inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, y profundizada al fragor de las políticas neoliberales transformó a los medios en un espacio brutal de concentración económica. En la actualidad existen dos grupos que son dueños de casi todos los medios de comunicación, Telefónica Argentina y el Grupo Clarín. Una vergüenza que sean ellos quienes pretendan darnos clases de democracia participativa y quienes hablen de violación de derechos.
Bondades de la ley. También es justo reconocer que este proyecto fue discutido en cientos de foros, y ya se cumplieron cinco años de la presentación de los célebres 21 puntos, una declaración de principio progresista y de auténtico contenido democrático. Pocas leyes llegaron al Congreso con tanto trabajo y apoyo de base.
Más bondades: una fundamentación desacostumbrada por estos territorios. No es poca cosa que se diga que el derecho a la información y a la comunicación no pueden ser un simple negocio comercial, son derechos humanos y por lo tanto “inviolables”, “inalienables” e “irrenunciables”. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población. Por eso asegura que si unos pocos controlan la información no es posible la democracia y propone que se adopten políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.
Linduras de esta ley, costados virtuosos de una legislación que en principio apuntaría a garantizar derechos, desmonopolizar, democratizar, distribuir poder…
Todo este marco hacía suponer un debate de calidad, de confrontación de ideas. Nada más lejano. El presente encuentra a varios partidos opositores preocupados en dilatar la discusión y votación de la ley, para hacerlo en el escenario más propicio para sus chances a partir de diciembre, mientras no cesan de acusar a la ley de ser un calco diabólico del chavismo. Algunos comienzan a dibujar algunas críticas valiosas que merecen atención: que el órgano o autoridad de aplicación no dependa del Ejecutivo; establecer una reglamentación más dura para el ingreso de las telefónicas; extender el debate al interior para que el proyecto sea más federal. Sin embargo, el tono general de la oposición prefiere las rimbombancias y la victimización como parte de una estrategia más dirigida a defender sus intereses que en argumentar razones serias orientadas a la transformación de la realidad de los medios.
A tono con esa oposición, y desandando caminos, el oficialismo aparece contagiado por ese clima que en mucho se parece a un partido de truco. En vez de profundizar en las razones del juego y pararse en un debate de ideas aparece más preocupado en buscar un verso para cantar flor, apurar la partida para que la votación sea ya, y la oposición no tenga más remedio que irse al mazo.
El problema así planteado tal vez oculte una cuestión fundamental: la comunicación masiva no es un problema meramente técnico comunicacional, es un desafío eminentemente político. Sería ingenuo plantear que si se derogara esta o aquella ley las personas gozarían plena y mágicamente de su "derecho a la información". Ciertamente las leyes que regulen la concentración económica son necesarias como dique para contenerla y en cierta medida evitarla. Pero si la dinámica y la lógica del capital es cada vez mayor, una ley podrá retrasar el proceso pero nunca revertirlo o darlo vuelta.
Aquí nos parece necesario recordar cómo desde su llegada al gobierno, el kirchnerismo ha continuado con la política de concentración de medios que hoy tanto critica.
Desde el 2003 una sucesión de medidas erráticas favorecieron a las grandes corporaciones económicas: el decreto que permitía la prolongación de la fecha de habilitación de licencias facultó a los multimedios para que ampliaran el plazo de pago de las millonarias deudas contraídas con el Estado; el permitir negocios multimillonarios a personajes como Hadad y el mismo De Narvaez favoreció la concentración de poderes que profundizaron el control del mercado mediático; recientemente el permiso para fusionar Multicanal y Cablevisión no hizo más que acrecentar el monopolio del Grupo Clarín. ¿Casualidades, paradojas, contradicciones?
Sabemos que al decir esto corremos el riesgo de que algunos lleven agua para su molino. La derecha está viva como siempre en la Argentina. Encima disfrazada de democrática. Ya lo advertía Bertolt Brecht después de la guerra: “Señores, no estén tan contentos con la derrota [de Hitler]. Porque aunque el mundo se haya puesto de pie y haya detenido al Bastardo, la Puta que lo parió está caliente de nuevo”. Sí, están calientes. Por eso no queremos entrar en su lógica y mantener la cabeza fría. Tan fría como para preguntarnos con el mismo Brecht: “¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que se condena si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? Una verdad de este género no reporta ninguna utilidad práctica. Estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo”.
De todas maneras, bienvenida ley, necesaria pero insuficiente, en un tablero donde las principales piezas se mueven al ritmo de las economías concentradas. El protagonismo y la participación popular serán la principal garantía de que una vez hecha la ley, no nos hagan la trampa.
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